Los afectados del cementerio de La Palma se activan para revertir la situación originada por el Obispado

Doscientas cincuenta personas acuden a la asamblea de constitución de una plataforma, en la que, por unanimidad de los presentes, se elige una junta directiva presidida por José González y en la que se exponen las bases para iniciar los trámites encaminados a recuperar las propiedades de fosas, nichos y panteones que han perdido tras la inmatriculación llevada a cabo por la diócesis de Cartagena.

Cuatro directivos y los dos abogados de la plataforma


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El centro cívico de La Palma ha acogido una asamblea constituyente de una plataforma a través de la que se llevará cabo la reclamación al Obispado tras la inmatriculación llevada a cabo en el cementerio de La Palma, que ahora figura en el Registro de la Propiedad como propietario la Diócesis en un cien por cien, mientras que los afectados proclaman que los títulos de propiedad que tenían han sido cambiados “mediante engaños y otras estrategias” por derechos de enterramiento.

El encuentro con los representantes eclesiásticos en la iglesia de Santa Florentina no convenció a una mayoría y ha generado la asamblea que ha tenido lugar con presencia de doscientas cincuenta personas, a las que se les expuso en primer lugar que el objetivo básico de este asunto es “revertir la situación actual a la que existía antes de la inmatriculación del cementerio” y que se van a canalizar las demandas a través de una plataforma.



El siguiente punto del orden del día fue la constitución de una junta directiva, recibiendo la aprobación de todos los presentes (no hubo votos en contra ni abstenciones) la integrada por José González, como presidente; Francisco Soto, vicepresidente; Mari Carmen Saura, secretaria; Dolores Esteller, tesorera; y los vocales Antonia Molina, Antonia Pérez, Pedro Quintes y Rosa Saura. Su primer cometido será la constitución legal de la nueva asociación.

Como portavoces han sido elegidos los abogados Rafael Sánchez y Ana Belén Roca. El primero de ellos subió a continuación a la mesa para explicar a los asistentes que el objetivo no está en discutir la inmatriculación, “sino en exigir que se respeten los títulos de propiedad, que tienen categoría de contratos y a los que hay que reclamar que se le conceda la misma validez de cuando fueron expedidos por la Iglesia de forma voluntaria y cobrando por ellos. Son títulos otorgados de propiedad y uso a perpetuidad”, indicó.

Ante las preguntas de algunos asistentes, recordó que los nuevos documentos de derecho de enterramiento “no hay derecho sobre el suelo y la superficie” y que sólo abarca a los titulares “necesitándose autorización expresa para el enterramiento de otras personas. Tampoco se pueden dar en herencia a nadie”. Afirmó que el Obispado no ofreció una información correcta cuando fue convocando a los propietarios con el pretexto de sustituir el nombre de personas fallecidas por herederos vivos, “si la información hubiese sido facilitada como se debía, estoy convencido de que el 99% no hubiese firmado”, aseveró. Remarcó que no se entrará en la discusión de si el suelo del cementerio es de la Iglesia o no, “pues el terreno no estaba a nombre de nadie y desde 2014 está ahora a nombre de la Iglesia. Lucharemos porque los títulos respeten los términos que tenían cuando se concedieron”.

Se expuso que los afectados que se sumen a esta plataforma será avisados para analizar de forma individual cada caso, pues, según se dijo, hay propietarios que tienen los títulos antiguos, otros que los han perdido y también quienes aseguran que se los rompieron cuando les entregaron los documentos del nuevo derecho de enterramiento.

El siguiente paso será buscar un acercamiento amistoso con el Obispado que si no culmina, será el prólogo de la vía judicial. También se recalcó que unidos “se logran más ventaja y más fuerza en la reclamación”, siendo distribuidas hojas para inscribirse en la asociación, siendo entregadas esa noche un total de setenta, mientras que algunos indicaron que la rellenarían en casa y las entregarían más adelante. Cada propietario asociado deberá aportar veinte euros para los gastos de los letrados, que aumentarán en diez euros si se entra en la vía judicial. Si se precisasen procuradores o pruebas periciales, por ejemplo, podría existir un incremento, que no sería excesivo. Se aclaró que esta plataforma sólo asumirá las reclamaciones de las personas que formen parte de su masa social.