Una segunda oportunidad para salir de la crisis

La Ley contempla un mecanismo, cada vez mejor perfilado, para rescatar a personas físicas cuando estas se ven ahogadas por las deudas.


Hasta hace cuatro años las personas físicas no contaban con un medio adecuado y bien definido para salvar una situación de insolvencia grave. Y es que, durante años, los especialistas no había dejado de reclamar una ley más adecuada ante las limitaciones del concurso de acreedores para personas físicas.

Por fin en 2015 se puso en marcha la conocida como Ley de Segunda Oportunidad. Un mecanismo que, sin embargo, sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de personas a pesar de que en el verano de 2019 el Tribunal Supremo reforzó el alcance de esta solución al permitir a los deudores exonerarse también de hasta el 70% de las deudas contraídas con Hacienda.

No obstante, en la Región de Murcia, la estadística indica que la Segunda Oportunidad está infrautilizada, muy por debajo, en proporción, de la media nacional. De hecho, en todo el año 2018 tan solo se llevaron a cabo 43 concursos en personas físicas sin actividad económica, según datos del Instituto Nacional de Estadística (aunque es necesario aclarar que solo se contabilizan aquellos que han llegado a fase de concurso, pero no los que se resuelven vía extrajudicial o los que aún no han llegado a juicio). En el mismo periodo, en España hubo 1.760 casos. Y los dos primeros trimestres de 2019 tampoco arrojan cifras más boyantes en relación a la Región.


¿De qué sirve la Ley de la Segunda Oportunidad?

El jurista especializado José Simarro, del despacho Simarro Abogados, explica cuáles son las claves de esta Ley y qué pasos hay que seguir para poder beneficiarse. El objetivo de esta normativa es que “una persona física tenga la oportunidad de encarrilar de nuevo su vida” después de una situación económica desfavorable.

La recomendación primera es “iniciar cuanto antes el procedimiento” para evitar el devengo de intereses, e incluso un desahucio. Ante un primer impago se puede poner en marcha la acción.

Lo que se busca primero es un acuerdo extrajudicial con los acreedores. Se entabla una negociación con la idea de establecer un calendario de pagos viable que permita saldar esas deudas. De no alcanzarse consenso la siguiente fase es declararse en quiebra y solicitar un procedimiento concursal, algo que se puede solicitar de manera voluntaria cuando existe un retraso de más de tres meses en el pago a proveedores o a la Administración.

Una vez abierta la vía judicial, y siempre que quede demostrada la buena fe del deudor (entre otras cosas, haber intentado un acuerdo extrajudicial y no haber sido condenado por delitos contra el Patrimonio, Hacienda o los trabajadores), se nombrará a un administrador concursal, tal y como desgrana Simarro.

Esta será la persona encargada de comprobar el inventario  del  patrimonio del deudor para vender una serie de bienes que permitan saldar las deudas. Las que no se consigan cubrir quedarán exoneradas, aunque podrán ser reclamadas en el futuro si la situación del deudor cambia sustancialmente .

De esta forma, amparada por la Ley, la persona sumida en la insolvencia podrá volver a coger aire sin la presión de sus acreedores y salir así de una situación crítica.

La Ley de Segunda Oportunidad es, por lo tanto, una opción interesante para aquellas personas que no pueden hacer frente a las deudas contraídas, siempre que haya mediado buena fe, y quieran salir de una situación de insolvencia.