Enfado y reacción en el gobierno local por la ampliación del CATE
La noticia de que el Gobierno de España ha declarado, mediante orden ministerial, la ampliación del campamento del 'Centros de atención temporal de extranjeros', ha llevado a la alcaldesa a advertir a Migraciones de los riesgos de hacer obras sin licencia en el Hospital Naval y a dirigirse a la ministra Elma Saiz para remitirle el informe de Urbanismo con la lista de incumplimientos en torno a esta instalación y el peligro que supone para las personas que se alojan en la misma.
- Declaraciones de la alcaldesa, Noelia Arroyo. (MP3 - 2,12 MB)
- Declaraciones de la alcaldesa, Noelia Arroyo, sobre orden del Ministerio de Migraciones (MP3 - 9,71 MB)
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha firmado una orden ministerial que declara la urgencia y excepcional interés público de las obras en el recinto del antiguo Hospital Naval de Tentegorra, permitiendo al ministerio realizar cualquier actuación sin licencia municipal. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha expuesto esta situación en una junta de portavoces extraordinaria en la que el concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Diego Ortega, ha detallado los graves incumplimientos detectados, entre ellos la falta de seguridad contra incendios en las carpas instaladas y la ubicación del recinto en una zona inundable. Arroyo también ha informado de que el informe no vinculante solicitado por el ministerio ya ha sido elaborado por los técnicos municipales, quienes concluyen que estos proyectos son incompatibles con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El Ayuntamiento ha abierto dos expedientes sancionadores en los últimos meses tras comprobar que las reformas en el edificio, destinadas a habilitar 300 camas, y la instalación de carpas se realizaban sin autorización. Las obras no solo carecían de licencia, sino que además el uso residencial asignado es incompatible con el PGOU, que clasifica la parcela como “sistema general de equipamiento comunitario”, reservado para funciones de defensa y protección. Esta situación se agrava al encontrarse el recinto dentro de la zona de policía de la Rambla de Canteras y en una zona inundable con un período de retorno de 500 años, lo que exige autorizaciones adicionales que no han sido presentadas. Además, las carpas instaladas no cumplen con los requisitos de resistencia al fuego establecidos en el Código Técnico de la Edificación, un incumplimiento especialmente grave dado el uso residencial público al que están destinadas.
Noelia Arroyo ha señalado que esta decisión del ministerio, que limita al Ayuntamiento a emitir un informe no vinculante sobre las actuaciones, demuestra la falta de sensibilidad hacia Cartagena, la única ciudad en España que recibe migrantes tanto en patera por sus costas como en aviones procedentes de Canarias. “Esto no es lógico ni justo”, afirmó, denunciando también el incumplimiento sistemático de los compromisos por parte del ministerio. Lo que comenzó como un campamento temporal para 600 personas ha superado ya el año de funcionamiento, con más de 1.000 residentes, generando una concentración excesiva que supone un riesgo para la convivencia y sobrecarga los servicios sociales municipales.
El Ayuntamiento ha insistido en que la gestión de los flujos migratorios debe ser equilibrada y respetar la capacidad de cada territorio. Por ello, Cartagena exige al ministerio que cumpla sus compromisos, reconsidere su decisión y garantice una distribución más equitativa de responsabilidades entre las distintas regiones. Mientras tanto, el consistorio continuará vigilando y actuando dentro de sus competencias para asegurar el cumplimiento de la legalidad en el recinto del antiguo Hospital Naval y proteger los intereses de la ciudad.
DECLARACIONES DE ESTA MAÑANA
(pinchar sobre la imagen)La noticia de que el Gobierno de España ha declarado, mediante orden ministerial de Migraciones, la urgencia y excepcional interés público de las obras de ampliación del campamento del antiguo Hospital Naval en Cartagena, ha llevado a la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha dirigirse este jueves 21 de noviembre a la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, para “mostrarle nuestra preocupación y remitirle directamente el informe municipal de Urbanismo, en el que nuestros técnicos advierten de los riesgos asociados al proyecto”.
Según ha explicado la alcaldesa, que ayer miércoles convocó reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces, “esta Orden permite ejecutar obras sin necesidad de licencia municipal, evidenciando que el ministerio era consciente de la imposibilidad de legalizar las actuaciones conforme a la normativa vigente, cuando el gobierno de España quiere hacer algo declara la urgencia y lo hace saltándose las normas, por tanto desde este momento, la responsabilidad de la seguridad de las instalaciones y de quien en ellas se alojan pasa a ser de dicho gobierno”.
Noelia Arroyo ha enumerado la lista de incumplimientos que implica esta decisión ministerial, destacando la ejecución de obras sin autorización municipal, el incumplimiento de normativas de seguridad de las carpas instaladas, la ubicación del antiguo Hospital Naval en una zona de riesgo hidráulico y la incompatibilidad del uso residencial asignado al recinto con el Plan General de Ordenación Urbana, que clasifica el espacio como sistema general de equipamiento comunitario destinado a funciones de defensa y protección.
“El resultado final”, insistía la alcaldesa, “es que el Ministerio va a alojar a más de mil personas en instalaciones que, según los técnicos, no cumplen las normas antiincendios y en un recinto inundable; actúa de manera unilateral ampliando plazos y capacidad sin previo aviso, y por ello le he pedido a la ministra que reconsidere sus decisiones y urja los preparativos para el cierre de la instalación, tal y como estaba previsto, para principios de junio del año próximo”.
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