Actuaciones pendientes en el Mar Menor
La Estación Náutica Costa Cálida, asociación que agrupa a las empresas que desarrollan actividades náuticas, vuelve a reclamar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que complete ya el balizamiento de la laguna salada para delimitar claramente las zonas de especial protección de la nacra común. Fue anunciado hace un año y no se ha hecho nada, afirman, al igual que con la creación de los polígonos de fondeo.
Desde que en septiembre del año pasado se anunció que se delimitarían cuatro zonas —Isla de la Perdiguera, Isla Mayor, Punta del Galán-Pedruchillo y Matas Gordas— no se ha tomado ninguna medida para hacerlo. Esta situación genera inseguridad jurídica y deja a la interpretación subjetiva dónde se puede o no fondear.
“La realidad es que, mientras las empresas que ofrecen servicios de navegación, como los chárter, están autoimponiéndose límites por responsabilidad y alejándose de esas zonas, a pesar de que no estén señalizadas, nos encontramos con particulares que no lo están haciendo”, ha explicado David Caro, presidente de la Estación Náutica.
Además, también solicita a la Consejería de Medio Ambiente que avance en la creación de los polígonos de fondeo anunciados el pasado mes de mayo, cuando el Ministerio autorizó parcialmente esta actividad tras la petición de todo el sector náutico en una carta firmada por la Estación Náutica Costa Cálida, junto a la Asociación de Chárter Murcia, la Asociación de Empresas Náuticas y la Asociación de Puertos Deportivos y Clubes Náuticos de la Región de Murcia.
“Es posible hacer compatible la navegación y el fondeo con la protección del ecosistema. Pero no tiene sentido desarrollar legislación y no tomar las medidas necesarias para que se pueda aplicar. El balizamiento es el primer paso y ha habido tiempo de sobra para poder hacerlo”, añade David Caro.
Además, la Estación Náutica señala que todo esto se tiene que complementar con mayor control y vigilancia, ya sea dotando de más medios humanos y materiales a los cuerpos y fuerzas de seguridad actuales, o bien creando una unidad medioambiental específica con capacidad de sancionar, que se encargue de controlar que se cumpla la normativa.
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