Mar Menor - Rincón de San Ginés           Barrios Cartagena Norte                Pueblos Cartagena Norte              Cartagena Oeste              El Algar y Los Urrutias               launiondehoy.com          MAR MENOR EN DIRECTO

             Playas              Farmacias de Guardia              Esquelas              Literatura              Portales Amigos               Toros              Programación TV              Radio              Pasatiempos          Buzón de lectores y quejas

                          


Responsabilizan al gobierno municipal del derribo parcial de la prisión de San Antón

La plataforma ‘La cárcel no se vende’ y la asociación de ‘Memoria histórica de Cartagena’ consideran que el germen de la actual situación está cuando en 2016 el Ayuntamiento no pujó para adquirir la instalación ante el ministerio y permitió que cayera en manos privadas (Hospital Perpetuo Socorro) y que después las dos alcaldesas no han cumplido los compromisos que aseguran contrajeron, además de exponer su sorpresa porque se haya concedido licencia de obras “cuando existe una paralización cautelar dictada por el TSJRM en 2019, mientras no se resuelva el recurso contencioso-administrativo presentado por el propio Ayuntamiento”. 


📌  Podemos Cartagena: “Nuestra ciudad está volviendo al urbanismo salvaje”
📌  El área que no se puede derribar al estar protegido es de 3.200 de los 5.225 metros que ocupa la instalación




La plataforma ‘La cárcel no se vende’ y la asociación de ‘Memoria histórica de Cartagena’ han difundido el siguiente comunicado:
 
Tras el derribo de parte de los muros de la Cárcel de San Antón ejecutado en el día de ayer, 3 de agosto de 2021, la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena emite el siguiente comunicado a la ciudadanía y a los medios de comunicación.

En diciembre de 2016 el Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó en el Boletín Oficial del Estado la venta de la Cárcel de San Antón a través de subasta pública por el precio de salida de 500.000 €. En ese momento el Ayuntamiento de Cartagena no pujó por su compra, dejó pasar la oportunidad de recuperar un edificio que formaba parte de patrimonio histórico y cultural de la ciudad, además de ser un referente de la memoria
colectiva del municipio.

Fueron muchas las propuestas y proyectos culturales y sociales que se realizaron durante años para la recuperación de la Cárcel de San Antón. Vecinos y colectivos sociales y culturales reclamaban que el edificio pasara a manos públicas para convertirlo en un centro sociocultural para toda la ciudadanía, además de un lugar para la Memoria Histórica de Cartagena.

Sin embargo, finalmente el edificio cayó en manos privadas al adquirirlo por el precio de partida la empresa dedicada a la sanidad privada el “Perpetuo Socorro”, cuya intención era convertirlo en un parking para sus clientes, y para la ampliación de sus servicios sanitarios.

Hace casi 5 años que el Ayuntamiento permitió que se perdiera un edificio histórico que nos pertenecía al pueblo de Cartagena, y ahora el mismo Ayuntamiento permite su derribo sin transparencia y con alevosía, actuando en el mes de agosto de espaldas a la ciudadanía. Los muros de la Cárcel de San Antón han caído dejando al descubierto la traición y el engaño del gobierno municipal de Cartagena.

Y es que durante esos casi 5 años la Plataforma de “La Cárcel No Se Vende”, a la cual pertenece la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena, ha estado luchando y peleando para que no ocurriese lo que ayer finalmente se materializó.

Se han interpuesto recursos y denuncias ante la Dirección General de Bienes Culturales perteneciente a la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma, la misma que el 10 de marzo de 2021 emitió una resolución autorizando derribos parciales del complejo sin especificar cuáles, dándole armas al propietario de la Cárcel para poder derribar el patrimonio cultural de Cartagena, una Consejería de Cultura que en la actualidad está liderada por la extrema derecha.


• Nos sorprende y denunciamos ante la opinión pública, como se ha concedido licencia de obras cuando existe una paralización cautelar dictada por el TSJ de Murcia el 3 de septiembre de 2019, mientras no se resuelva el Recurso Contencioso Administrativo presentado por el propio Ayuntamiento. Pues consideramos que las medidas
 cautelares del TSJ de Murcia tienen un rango jurídico superior a la resolución de Cultura.

 Se ha trabajado de la mano del Ayuntamiento tanto con Ana Belén Castejón cuando era alcaldesa, como con la actual alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, para salvar a la Cárcel del derribo. En una reunión mantenida el día 11 de enero de 2021 con los representantes de la Plataforma de “La Cárcel No Se Vende”, las regidoras adquirieron varios compromisos:
 
• Desde la Alcaldía y Vicealcaldía se comprometían a cumplir con el punto 75 incluido en el acuerdo de programa de Gobierno, donde se reflejaba el compromiso de seguir luchando por recuperar la Cárcel de San Antón, “trabajaremos para la máxima salvaguarda de la cárcel de San Antón”.

 • Se comprometieron a seguir peleando judicialmente. Confirmaron que no existe todavía resolución del Contencioso Administrativo que el Ayto. había presentado y donde se dictó un auto de "paralización cautelar" de
 cualquier obra que afectase a la integridad del edificio.

• Se comprometieron a mantener vivo el compromiso de adquirir la Cárcel de San Antón a través de la compra de la misma desde el presupuesto municipal, ya que los informes de Intervención municipal eran favorables para la adquisición de la misma.


Se comprometieron a que ante cualquier eventualidad que afectase a la integridad de la Cárcel de San Antón informarían a la Plataforma.

Todas aquellas buenas palabras y compromisos adquiridos por parte de las regidoras municipales quedaron ayer convertidos en escombros, mostrando con su demolición una total falta de respeto hacia los integrantes de la Plataforma, y un absoluto desprecio no solo a las demandas ciudadanas sino a la historia de Cartagena.


• Nos gustaría saber cuáles han sido los motivos para cambiar de opinión después de habernos dado su palabra que la defenderían.

• Nos gustaría saber si han comunicado al Juzgado de lo Contencioso y a la Fiscalía, que se está incumpliendo dicha paralización cautelar.
 
• Nos gustaría saber si han comunicado oficialmente a la Dirección General de Bienes Culturales el destrozo que se está haciendo; incumpliendo el auto de paralización cautelar.

• Nos gustaría saber por qué se dificulta el acceso al expediente completo por parte de los funcionarios a otros concejales interesados en conocerlo.

• Nos gustaría saber si por parte de Urbanismo y Patrimonio Arqueológico se ha realizado supervisión técnica e informes de todo lo que están destrozando las máquinas.

• Nos gustaría que nos diesen alguna explicación clara y transparente.


Desde la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena no perdonaremos nunca a los responsables de esta ignominia, de esta vergüenza que sufrimos toda la ciudadanía, al contar con unos políticos que dejan que se pierda la memoria colectiva y el patrimonio cultural e histórico de su municipio. No perdonamos a Pilar Barreiro y José López por no adquirir la Cárcel de San Antón cuando eran alcaldes de la ciudad, no perdonamos a Ana Belén Castejón y a Noelia Arroyo por incumplir los compromisos adquiridos no solo con la Plataforma de La Cárcel No Se Vende, sino con todo el pueblo de Cartagena a través de su programa de gobierno, y no perdonamos a un Gobierno Regional liderado por la extrema derecha que lo único que pretende es enterrar la memoria de todo un pueblo.

Continuaremos peleando para que lo que quede de la Cárcel de San Antón se conserve y se devuelva a la ciudad de Cartagena, pues los cartageneros y cartageneras también queremos disfrutar de nuestro patrimonio como lo hacen en más de 50 antiguos centros penitenciarios de Andalucía; Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Sevilla, Málaga, Lugo, e incluso en Murcia con la Cárcel Vieja, y conservarlos como Lugares de La Memoria, y “como un espacio de uso histórico, cultural y social que camine y profundice en la senda del conocimiento de nuestra historia y del encuentro y la reconciliación”, tal y como declara Antonio Martínez Ovejero, Doctor
en Historia.



NOTA DE PRENSA DE UNIDAS PODEMOS
En los últimos días se ha procedido a acometer diferentes obras en nuestra ciudad que no dejan indiferentes a los vecinos. Por una parte el pasado 16 de julio comenzaron a desforestar la zona de Cuatro Picos en el barrio de la Concepción, para la construcción de una urbanización de lujo; y por otra, el lunes 2 de agosto, comenzaron a derribar parcialmente la Cárcel de San Antón.

En ambas actuaciones nos encontramos con la misma problemática: urbanismo frente a medioambiente y patrimonio. Y en ambas se refleja la inoperancia del Ayuntamiento de Cartagena, según manifiesta la portavoz de Podemos Cartagena y concejala por esta formación en el consistorio, Leli García.

“Llevamos desde 2017 acompañando a la Plataforma de La Cárcel, que está haciendo una labor extraordinaria. También me gustaría recordar el trabajo de las compañeras de Cartagena Sí Se Puede, en especial a Tere Sánchez, que llevó múltiples iniciativas para recuperar este inmueble para la ciudadanía, por su valor histórico, patrimonial, y porque lo que es del pueblo no se vende. El Gobierno local actual, y también el anterior, le han fallado a la gente. Sólo le pedían no destruir, conservar, y que este inmueble siguiese siendo  de titularidad y utilidad pública, recuperándose como espacio cultural para toda la ciudadanía del municipio de Cartagena”, ha recordado la portavoz de Podemos.

La edil ha remarcado que una vez se confirmó la venta, la actual vicealcaldesa y concejal de urbanismo realizó varias gestiones para evitar llegar a este momento, pero aún así ha incumplido la palabra dada a la plataforma cuándo en 12 de mayo de 2015, Ana Belén Castejón, anunció públicamente que si se convertía en alcaldesa, proyectaría en la cárcel un espacio multicultural para los colectivos del barrio y ciudadanía de Cartagena.

En otra línea de cosas y por lo que respecta a la urbanización de Cuatro Picos, García critica la nula efectividad de las conversaciones para poder llegar con la promotora a una permuta, tal y cómo se comprometió el consistorio. El lugar era un pulmón verde para Cartagena y un enclave de disfrute y ocio no sólo para los residentes en el barrio popular de «Quitapellejos», “y su desaparición supone un desastre medioambiental que sufrirá toda la ciudadanía.”

“Tanto en Cuatro Picos cómo en la Cárcel de San Antón hay un denominador común: el nulo interés por lo público y la vuelta, si es que alguna vez se fue, del urbanismo salvaje de esta ciudad. No podemos decir que Ana Belén Castejón no haya hecho lo posible, pero sí que lo hecho es insuficiente. A la vista está, Cuatro Picos sin árboles, y en breve, con una nueva urbanización,  y la Cárcel sin muros y a medio derribar. En el caso de la cárcel, el hecho de que la Consejería de Cultura haya dado permiso, emitiendo un informe para la demolición parcial de aquellas partes no protegidas, no era lo esperarado. Lo esperado es que se cumplan las promesas y que se hubiese trabajado en recuperar el inmueble. Y por supuesto, informar a los vecinos de la Plataforma, que se enteraron de las obras cuando vieron la maquinaria”, ha concluido Leli García.

Desde Podemos Cartagena han mostrado su apoyo a los vecinos del Barrio de la Concepción y a la Plataforma de la Cárcel, y aseguran que les acompañarán en las reivindicaciones que pudiesen realizar.* Textos remitidos en los que se respetan íntegramente contenido, redacción y ortografía, salvo en el titular y en la entradilla del artículo



NOTA DE REDACCIÓN

Cartagena de Hoy ha podido conocer que la parte no protegida de la instalación son 3.200 de los 5.225 metros cuadrados que ocupa. Los espacios protegidos que no se pueden derribar son los que se marcan con flechas:




Por otro lado, la sección quinta de la Audiencia Provincial emitió el 17 de junio de 2020 un auto que rechazaba las pretensiones del Perpetuo Socorro sobre el espacio a actuar:

El artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que “Los Tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan” (…) En el presente caso, se solicita la aclaración, primero, en lo que se refiere a la mención que en el apartado de hechos se hace al informe emitido por el Ministerio Fiscal oponiéndose a la estimación el recurso, para que se aclare o añada que de dicho informe no se dio traslado al recurrente. Y segundo, para que se corrija un supuesto error contenido en el último párrafo del razonamiento jurídico cuarto, al afirmar que “evidentemente resulta contrario a la demolición de la mayor parte del inmueble”, por cuanto que la parte no protegida del mismo es precisamente la mayor parte del total del inmueble (3.200 m2 de los 5.225 m2 de superficie total).

La parte apelada se opuso a la aclaración al entender que la misma excede de las posibilidades del llamado recurso de aclaración.
(…)

Respecto de lo primero, la mención que en el apartado de hechos se hace al trámite del recurso se reduce, en lo que se refiere al informe del Fiscal, al contenido del mismo, no a si se le notificó o no a las partes, en consecuencia, ningún error u omisión existe en dicha mención.

Sobre lo segundo, dado que la prevaricación que la parte recurrente sostiene se refería a la suspensión del trámite de la licencia de demolición solicitada por dicha parte, la resolución entiende que tal actuación (la demolición) tiene por objeto (al menos, fundamental o principal) la superficie construida de la “Cárcel de San Antón”, por eso, cuando se alude a “la mayor parte del inmueble” se está refiriendo a la mayor parte de la superficie construida, y así lo explica la propia resolución en el primer párrafo del razonamiento jurídico cuarto, al señalar “sino también en cuanto al pabellón de reclusos (parte más importante del inmueble en cuanto a superficie)”. Así pues, tampoco aquí existe ningún error u omisión que deba ser aclarado.

Vistos los artículos citados y los demás de general aplicación,
ACUERDO: que debemos denegar la aclaración del Auto de fecha 25 de febrero de 2020 dictado en las presentes actuaciones.


Este acuerdo fue comunicado días más tarde por la entonces alcaldesa, Ana Belén Castejón, a la plataforma mediante el siguiente escrito:

Quería compartir con vosotros el auto que dictó la Audiencia Provincial el pasado 17 de junio de 2020 en el que de nuevo se deniegan las peticiones del Hospital Perpetuo Socorro, que me acusó de prevaricación por tratar de proteger este inmueble, como considero que es mi deber como servidora pública y amante de nuestro patrimonio.
Desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena seguimos trabajando para garantizar la conservación de la cárcel de San Antón. De hecho, esta cuestión forma parte del acuerdo programático que firmamos al inicio de la legislatura porque es un tema fundamental para nosotros y para el municipio.
Como veis, no hemos modificado un ápice nuestra postura y vamos a seguir luchando por muchas denuncias que interpongan para intentar impedirlo. Nos avala la ley y el legítimo deber de defensa de una parte importante de nuestra historia.

Imprimir