Creada una junta por la defensa de la sanidad pública en Cartagena
Sus fundadores explica que ha surgido porque la situación en el Área II de Salud ha empezado a ser "altamente preocupante, por el abandono y la falta de recursos humanos a la que está siendo sometida, lo que puede poner en peligro la salud de muchos ciudadanos y ¡ hace llevar a situaciones límite a los profesionales y al sistema sanitario", indican.
Cartagena exige una sanidad pública digna: compromiso, no abandono
Desde la Junta por la Defensa de la Sanidad Pública de la Comarca de Cartagena, formada por ciudadanos y ciudadanas, organizaciones sociales y sindicales, manifestamos nuestra profunda preocupación por el progresivo deterioro del Área II de Salud. Nos mueve la responsabilidad, el compromiso con nuestra ciudad y comarca y la convicción de que la sanidad pública es un derecho, no un privilegio.
La situación es alarmante. Las listas de espera se disparan —más de 7.000 personas aguardan una intervención quirúrgica, y 15.000 esperan ver a un especialista— mientras miles de usuarios ni siquiera tienen cita asignada. Este colapso no es fruto del azar, sino de decisiones políticas que están debilitando de forma intencionada la sanidad pública.
Nos preocupa especialmente la estrategia de derivaciones masivas a centros privados. Lejos de ser una solución coyuntural, se está convirtiendo en una práctica sistemática que mina los recursos del sistema público y normaliza su degradación. En algunos casos, incluso se presiona a los pacientes para aceptar estas derivaciones bajo la amenaza de volver otra vez a la cola de la lista de espera después de 3 o 4 meses esperando. Esto no solo es inaceptable, es un atentado contra la equidad y la dignidad de las personas.
La situación en salud mental es aún más grave: la escasez de profesionales y recursos retrasa los tratamientos y profundiza el sufrimiento de quienes más apoyo necesitan. El silencio institucional ante esta realidad es incomprensible y doloroso.
A esto se suman decisiones que agravan el problema, como el cierre de plantas en el Hospital del Rosell, incumpliendo sistemáticamente la Ley del Rosell. Lejos de reforzar el sistema, la respuesta de la administración ha sido continuar con los recortes.
La ciudadanía de Cartagena merece una sanidad pública fuerte, cercana y plenamente operativa. Por ello, exigimos:
• Una inversión urgente en recursos humanos y materiales.
• El cumplimiento íntegro de la Ley del Rosell.
• El funcionamiento pleno de los dos hospitales de la ciudad.
• Una gestión transparente y comprometida con la mejora real del sistema público de salud.
La salud no puede estar sujeta a intereses económicos ni a cálculos políticos. Exigimos respeto por los profesionales y por la ciudadanía. La sanidad pública es un pilar de justicia social, y vamos a defenderla con firmeza y determinación.
Porque cuando se debilita la sanidad pública, se ataca directamente a la dignidad de las personas. Y eso, como sociedad, no lo podemos permitir.
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