Piden al Estado que anule todas las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia
La plaza del Cardenal Belluga, en la ciudad de Murcia, frente a la catedral donde tiene su sede el Obispado, ha sido el lugar en el que se llevó a cabo la manifestación convocada por la coordinadora 'Recuperando', quien critica "los privilegios de la jerarquía católica" y los perjuicios que están ocasionando, criticando que el gobierno de España "haya abandonado a su suerte a ayuntamientos y particulares para que litigien en procesos judiciales", indica su coordinador regional y vecino de Cartagena, Juan Celdrán.
La coordinadora 'Recuperando' -coordinadora estatal para la recuperación del patrimonio inmatriculado por la iglesia- que reúne a una treintena de colectivos de todo el estado convocó el 10 de noviembre distintos actos en más de 20 ciudades de España, siendo Murcia el lugar para la concentración de la Región de Murcia, frente al palacio episcopal. 
Juan Celdrán, coordinador Europa Laica en Murcia y portavoz de 'Recuperando' en nuestra Región, ha recordado que en uno de los acuerdos del gobierno nacional de coalición se contemplaba la recuperación de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica. Estas inmatriculaciones se produjeron desde el año 1946 hasta el 2015 al amparo de la anterior Ley Hipotecaria que, en una atribución claramente contraria a la Constitución, concedía a los obispos la categoría de funcionario público, de forma que con una simple autocertificación eclesiástica podían inmatricular cualquier bien sin aportar ninguna prueba documental de propiedad. “A pesar de este acuerdo, los contactos opacos entre el Gobierno y la jerarquía católica han avanzado en sentido contrario con intención de dar carpetazo a este escándalo patrimonial ofreciendo una amnistía registral para miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia aunque nunca hubieran sido suyos”, indica Juan Celdrán, coordinador de 'Europa Laica' en Murcia y portavoz regional de 'Recuperando.
“Está claro -denuncia Celdrán- que el ejecutivo no está dispuesto a anular las inmatriculaciones y de esta manera abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en procesos judiciales”. El coordinador de Europa Laica considera que este incumplimiento por parte del ejecutivo vuelve a dejar pasar la oportunidad de frenar los privilegios de la jerarquía católica, “absolutamente inaceptables en un estado democrático y de derecho”.
Las protesta que se están llevando a cabo exigen la nulidad de todas las inmatriculaciones eclesiásticas y que todos los bienes con relevancia cultural, independientemente de su uso, pasen a ser patrimonio del estado.
En el caso de Cartagena destaca el caso del cementerio de La Palma, en el que 129 familias están en pleitos judiciales con la diócesis de Cartagena por "apropiarse con engaño", según afirman los afectados, de fosas, nichos y panteones que algunos tenía en propiedad desde hacía bastantes décadas.
