Responsabilizan al gobierno municipal del derribo parcial de la prisión de San Antón
La plataforma ‘La cárcel no se vende’ y la asociación de ‘Memoria histórica de Cartagena’ consideran que el germen de la actual situación está cuando en 2016 el Ayuntamiento no pujó para adquirir la instalación ante el ministerio y permitió que cayera en manos privadas (Hospital Perpetuo Socorro) y que después las dos alcaldesas no han cumplido los compromisos que aseguran contrajeron, además de exponer su sorpresa porque se haya concedido licencia de obras “cuando existe una paralización cautelar dictada por el TSJRM en 2019, mientras no se resuelva el recurso contencioso-administrativo presentado por el propio Ayuntamiento”.
📌 Podemos Cartagena: “Nuestra ciudad está volviendo al urbanismo salvaje”
📌 El área que no se puede derribar al estar protegido es de 3.200 de los 5.225 metros que ocupa la instalación
